Los "supersalarios" son un Abuso para la Poblacion
La crisis economica mundial provocara que los salarios de politicos y directivos de empresas vuelvan a la realidad.A los diferentes gobiernos se les fue de las manos. Es el momento para arreglarlo.
Alcides Pimentel Paulino
19 de January · 2128 palabras.
19 de January · 2128 palabras.
x
🕘 Resumen
La crisis económica que atraviesa España ha provocado que se cuestione la excesiva remuneración de algunos directivos de empresas y políticos, generando una importante polémica. Ahora, el gobierno está interviniendo en la regulación de los salarios excesivos como parte de la reforma del Estado de Bienestar en curso. Mientras que las empresas privadas fijan los salarios en función de sus ingresos y beneficios, el gobierno tiene más capacidad de intervención en las empresas públicas. Es importante destacar que muchos de estos directivos no están dispuestos a que se hagan públicos sus salarios, y tienen una gran cantidad de contratos adicionales como planes de pensiones, dietas y blindajes por despido, entre otros, dificultando el cálculo de sus remuneraciones reales. Es irónico que quienes más tienen sean los primeros en intentar evadir impuestos a través de paraísos fiscales o contratando buenos gestores y abogados capaces de darle la vuelta al sistema. Por lo tanto, el gobierno central, los gobiernos autonómicos y el Banco de España deberían controlar las aberraciones salariales con el fin de limitar la brecha salarial y garantizar la dignidad en el proceso.Todas las crisis tienen algo positivo. Ésta, provocará una reestructuración en la forma y en el fondo en que se estaba desarrollando el capitalismo durante las últimas décadas. Irremediablemente estamos asistiendo a una reforma del Estado del Bienestar, en el que los salarios excesivos serán uno de los más regulados. Los salarios se han desligado de la realidad de manera inmoral y abusiva.
Hace poco, en España, se han hecho públicos los "supersueldos" de algunos directivos de empresas y políticos. El tema ha generado una polémica importante dada la actual situación económica del país. A primera vista estas grandes remuneraciones salariales nos parecen excesivas. A pesar de ello debemos analizar y separar cuando los sueldos proceden de empresas públicas o privadas. Una empresa privada está sujeta al libre mercado, y por tanto establece los salarios en función de sus beneficios e ingresos. El gobierno tiene poca capacidad de intervención, siempre y cuando dichas empresas paguen los impuestos correspondientes. En el caso de las empresas públicas, el caso es diferente, o debería serlo. Por lo que podemos comprobar, el gobierno, no establece un control directo sobre los sueldos de los funcionarios, que pueden verse incrementados fuertemente con suplementos de diferentes tipos.
Como es lógico, muchos de estos directivos se negaban a que se hiciesen públicos sus sueldos. Planes de pensiones millonarios, dietas, blindajes por despido y otros extras difíciles de calcular figuraban en la mayoría de contratos de políticos y directivos. Es irónico que quienes más tienen son los primeros en intentar no pagar impuestos, ya sea a través de un cambio de domicilio habitual, de paraísos fiscales o contratando a buenos gestores y abogados que por una buena minuta son capaces de darle la vuelta al sistema.
El gobierno central, los gobiernos autonómicos y el Banco de España deberían intervenir, aunque solo fuera por dignidad, para limitar estas aberraciones. Cuando se decidió que los miembros del Senado y del Congreso colgarían en la red sus sueldos, la web se colapsó por el interés creado en saber cuanto ganan sus señorías. Hay que tener en cuenta que sólo se obligaba a publicar los salarios, no las inversiones inmobiliarias, ni los fondos de pensiones e inversiones. De momento, el Banco de España eliminará la retribución variable a los directivos de cajas con ayudas públicas y reducirá el sueldo a los que presenten resultados financieros negativos o malos. Es un primer paso, pero no es suficiente. En momentos como éste nadie puede alegar que está amparado por la ley de protección de datos. La transparencia debería ser una virtud política. Tome nota la señora Esperanza Aguirre.
Pensiones e indemnizaciones millonarias dejaron claro lo que estaba pasando. Entre ellas destacan los casos de los ex directivos de la CAM, Nova Caixa Galicia y Caixa Penedés. Hasta hace poco, las entidades financieras solo estaban obligadas a comunicar las retribuciones y los beneficios de sus administradores y directivos de forma agregada, es decir, sin detalles personalizados.
El gobierno central debería prohibir que una misma persona desempeñe numerosos subcargos, ya que se trata de una argucia muy utilizada para ganar sueldos estratosféricos. El pasado 2011, un tal Agustín González, presidente de la Caja de Ávila y de la Diputación Provincial lograba así obtener unos ingresos de 244.000 € en un sólo año aprovechando esta circunstancia. Este "superman" tiene el récord de poseer 13 cargos. La Presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, alias "la mujer maravilla", sumaba también 12 cargos conocidos. Esta malversación de fondos públicos debería estar recogida en el Código Penal.
Se tendría que obligar a todos los directivos y consejeros, y no sólo a los de las entidades rescatadas con dinero público a dar a conocer sus retribuciones. Esta medida llega un poco tarde, pero más vale tarde que nunca. Esperemos que la circular del Banco de España sea seria y no un golpe de efecto de claro color partidista. En principio, la circular que se publicó el 5 de diciembre del 2011, únicamente hacía referencia a las entidades que habían recibido ayuda del Fondo de Reestructuración Bancaria Ordenada (FROB). Hasta ahora empresas públicas como RENFE o Aena no estaban obligadas a desvelar el sueldo de sus directivos.
En Estados Unidos, el presidente Obama instó a limitar el sueldo de los directivos de Wall Street. En todo el mundo hay que evitar este tipo de corrupción económica y supeditar los salarios al mínimo interprofesional de cada país. En España, el SMI está en 641,4 € al mes, uno de los más bajos de Europa. Duele escuchar que bancos y cajas casi doblaron los sueldos de los directivos durante la crisis económica que estamos atravesando, mientras que los beneficios de las entidades cayeron el 7% entre el 2004 y el 2010. En un país como España con casi cinco millones de parados, donde se congelan las pensiones y los salarios y en el que los funcionarios cobrarán menos y los trabajadores pagarán más IRPF, esto es una falta de respeto a la población.
Si bien es verdad que las comparaciones son odiosas, también lo es que se trata de la única manera de contrastar los sueldos en los diferentes países. Un "mileurista" español tardaría unos 15 años en ganar 180.000 €, cuando a muchos altos directivos y políticos les cuesta nada más un año de trabajo. Si Adam Smith levantara la cabeza, volvería a su tumba voluntariamente reconociendo que el Estado no se preocupa como debería por el interés general. La justicia social nunca ha existido en el tema salarial en una sociedad de clases, querido Adam. La desaparición del comunismo es prueba irrefutable de ello.
La alta dirección de la CAM se ha acogido a un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que les ha otorgado indemnizaciones de dos millones de euros de media. Al considerarse despido improcedente no tienen que pagar IRPF, y además cobrarán dos años de paro. !Lo que hay que ver! En el caso Palma Arena, en el que está imputado el ex presidente Jaume Matas, se investiga si se pagó a un periodista, Antonio Alemany, un servicio 10 veces más caro del valor real. Lo mejor del caso es que los supuestos reportajes no han aparecido. Cada reportaje costaba unos 300 € reales, cuando se pagaron 12.000 € sólo en tres días. Este periodista ya tenía asignados unos pagos mensuales de 4.500 E por redactar sus discursos. Lo más lógico y barato era contratarlo eventualmente.
Mientras se recortan servicios en sanidad, educación o servicios sociales escuece escuchar que un directivo de una caja de ahorro ayudado por el Estado, tiene un salario de 2,34 millones de € anuales, y un blindaje de 2,34 millones. El señor Rodrigo Rato, el que fuera director del Fondo Monetario Internacional (FMI), me ha decepcionado. En la misma entidad resulta que el Consejero delegado Francisco Verdú gana 2,26 millones anuales. Vaya negocio más rentable el de los bancos.
Al parecer, tener un "supersalario" es lo normal en las grandes empresas y en la política. El exvicepresidente de Bankia, José Luis Olivas recibe un salario de 1,62 millones. El presidente ejecutivo de Catalunya Caixa, Adolf Todó, gana 1,55 millones al año, mientras que Jordi Mestre, director general de Unnim, cobra la nada despreciable cifra de 963.540 € anuales. Una caja, Unnim, controlada al 100% por el Banco de España después de inyectar 948 millones de ayudas públicas se permite el lujo de indemnizar a cuatro directivos con más de dos millones de euros. En total, el exdirector de Unnim, Enric Matas y otros cinco directivos, de baja desde el 2011, cuentan con un plan de pensiones que supera de forma agregada los 8 millones de euros. Los casos de corrupción y abusos de los fondos públicos van de este a oeste y de norte a sur. En Andalucía se ha descubierto que el exdirector General de Empleo, Javier Guerrero adjudicó subvenciones por más de un millón de euros a su ex chófer Juan Francisco Trujillo. El propio chófer admitió que se gastó parte de ese dinero en fiestas, alcohol y cocaína, para él y para su amado jefe. El despilfarro típico de la España moderna debe terminar.
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el salario medio anual español se sitúa en torno a los 18.000 €. Mariano Rajoy, presidente del gobierno gana unos 200.000 € anuales. El presidente de la Generalitat de Cataluña, Arthur Mas gana unos 144.000 €. Los presidentes latinoamericanos ganan una media de 140.000 $ anuales. El presidente mejicano, por la peligrosidad que conlleva el cargo, supongo, gana unos 267.000 $ al año, mientras que el de Estados Unidos, Barak Osama, gana unos 300.000 $. Oficialmente, el Presidente del Gobierno en España gana 78.185 € anuales. La paradoja es que como ocurre en otros casos parece inverosímil que el jefe gane menos que los subordinados. El presidente del Tribunal Supremo tiene un sueldo de 130.152 €, el del Tribunal Constitucional 129.271 € y el del Congreso 107.832, mas 84.000 € de gastos de representación y libre disposición. Un caso diferente es el del Rey Juan Carlos que recibe unos 292.000 € anuales, en concepto de dotación y gastos de presentación.
Uno de los casos más llamativos en este aspecto es el del presidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, quien oficialmente tiene un sueldo de unos 7.500 $ al mes, mientras otros miembros del gobierno ganan más que el presidente. Algunos de ellos sobrepasan los 200.000 pesos mensuales (5.200 $) y algunos llegan a los 500.000 pesos (13.100 $) en un país subdesarrollado. Que un presidente gane al año unos 90.000 $ en países tan corruptos no puede ser verdad. La mayoría de la población no es tan idiota como parece. En realidad, saber cuánto gana un presidente o un alto ejecutivo es un misterio o un secreto de Estado. ¿Alguien puede creerse que el caso abierto al ex presidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps sea por unos cuantos trajes?
Ejemplos como el de la alcaldesa de Sant Cugat (Barcelona), Mercè Conesa, brillan por su ausencia. Esta SEÑORA renunció a 24.000 € que le correspondían anualmente en concepto de dietas municipales. La mujer habrá pensado que los 96.000 € que percibe anualmente son suficientes para sobrevivir sin penurias económicas. En la Diputación de Barcelona algunos cargos electos llegaban a cobrar 1.640 € por plenos que podían durar solo diez minutos. En una pequeña ciudad como Girona se llegan a pagar hasta 1.000 € por asistencia a cada pleno, comisión o junta de portavoces. ¡Vaya cachondeo!
La Agencia Catalana del Agua (ACA) pagó hasta un millón de € en dietas a los 27 miembros del Consejo de Administración que la llevaron a la quiebra. Se trata de una empresa que cerró el balance del 2010 con un déficit de 106 millones de €. Inadmisible. El nuevo gobierno de la Generalitat encabezado por Artur Mas, mejor conocido como "Manostijeras", reducirá drásticamente el gasto en dietas relacionadas con empresas públicas. De los 51 miembros que forman la Diputación de Barcelona, 20 ganan más de 100.000 € anuales y muchos otros se quedan muy cerca.
Las famosas dietas no hacen referencia a la comida como piensan algunos. En Barcelona, las dietas del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), hacen que los sueldos de alcaldes y concejales se vean incrementados hasta en un 56% solo por asistir a reuniones breves y rutinarias. El alcalde de Barcelona, por ejemplo, suma a sus 110.000 € anuales, otros 36.000 en concepto de dietas.
El ex alcalde de León, Francisco Fernández Álvarez se prejubiló cobrando 520.000 € a los 56 años dentro de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que realizó Caja España-Duero. Hay que evitar, como se está haciendo en Brasil, que los funcionarios públicos puedan incrementarse los sueldos ellos mismos.
Palabras como recortes, subida de impuestos, austeridad, sacrificio, ahorro, contención, minitrabajos de 400 € son palabras y frases habituales en telediarios y prensa escrita que hasta hace poco parecía que habían desaparecido del vocabulario colectivo.
Los políticos y los directivos de empresas, forman parte de una sociedad en la que el egoísmo es el "leit motiv". Hemos llevado el materialismo a un extremo tan radical que nada ya nos parece suficiente. Hemos fusionado el tanto tienes con el tanto vales. Da la impresión de que la corrupción está socialmente admitida, cuando no debería ser así. La solución no parece tan difícil, debemos reparar las fisuras para que no se nos hunda el barco y acabemos más que indignados, creando una revolución.
Alcides Pimentel Paulino