España y la Insistencia en el Control.

La devaluación de la soberanía en los Estados- Nación por la presión de los flujos migratorios se concentra en varias de sus propias cualidades. Pone en entredicho la capacidad de independencia en la elaboración de las normas de derecho del órgano legisladorlegislador en materias de extranjería...

Luis  Flores
Luis Flores
23 de septiembre · 8608 palabras.
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1.- La soberan铆a territorial vs inmigraci贸n.
La devaluaci贸n de la soberan铆a en los Estados- Naci贸n por la presi贸n de los flujos migratorios se concentra como hasta ahora hemos insistido en varias de sus propias cualidades. As铆 pues pone en entredicho la capacidad de independencia en la elaboraci贸n de las normas de derecho del 贸rgano legislador en materias de extranjer铆a, puede llegar a condicionar la configuraci贸n y ejecuci贸n de las pol铆ticas de extranjer铆a, frustra el poder de control y resguardo de la integridad territorial, as铆 como delata en la ejecuci贸n de las resoluciones y del r茅gimen sancionador que provienen de los 贸rganos administrativos y judiciales tocantes a individuos o grupos de inmigrantes protegidos por activistas no gubernamentales y por el derecho internacional.
El territorio entonces en opini贸n de Sassen (2001:77). as铆 como el individuo, se transforman en 谩mbitos reguladores del Estado y "la soberan铆a,...y el control de fronteras como el coraz贸n del esfuerzo regulador (ya sea en los accesos por tierra, en los aeropuertos o en los consulados en los pa铆ses de origen)1鈥, porque entre otras obligaciones el poder gubernamental tiene encomendado como autoridad, el resguardo de tales espacios en donde la frontera como elemento divisorio es el punto donde se ejercitan los controles sobre quienes pretendan entrar en 茅l. o estando ya efectivamente en el mismo en aras de formalizar los motivos de su estancia.
La afirmaci贸n anterior es m谩s contundente si se examina la descompensaci贸n de recursos que se destinan a la aplicaci贸n de las pol铆ticas contempladas en la ley de inmigraci贸n espa帽ola que se resumen llanamente en resguardo fronterizo y la integraci贸n de los inmigrantes, donde contrastan las altas partidas presupuestarias para el control de fronteras con las destinadas a los programas de integraci贸n de los inmigrantes y de dotaci贸n de los organismos p煤blicos competentes en materia de extranjer铆a.
Tomando en cuenta la posici贸n geoestrat茅gica tan significativa que posee Espa帽a al igual que el resto de los pa铆ses mediterr谩neos la convierte en ese corredor de los movimientos de personas desde el sur hacia el norte. "Los dem贸grafos calculan que durante la pr贸xima d茅cada unos cinco millones de subsaharianos y asi谩ticos intentar谩n en Europa" Orrantia (2005), donde afloraran con m谩s evidencia entonces las necesidades de control sobre la jurisdicci贸n territorial y por tanto un tema de an谩lisis para examinar, es el alcance de la soberan铆a entendido como dominio del territorio en cuanto al acceso de personas se refiere, en las dos vertientes siguientes: la supervisi贸n material del espacio geogr谩fico jurisdiccional y las medidas coactivas para regular la entrada, estancia y abandono del mismo.
2.- Resguardo al territorio.
El territorio posee la connotaci贸n de constituirse en el punto geogr谩fico sobre el cual los seres humanos tienen la referencia del lugar de nacimiento, el desarrollo del trabajo y la construcci贸n de la vida familiar. Es ese el lugar donde se est谩 seguro, como tambi茅n puede convertirse en el sitio de destino donde quiz谩s se puedan adquirir nuevas vinculaciones dadas las oportunidades de progreso asociadas a 茅l.
Desde anta帽o e indistintamente de las formas de organizaci贸n social partiendo desde las m谩s primitivas hasta el nacimiento del Estado moderno el territorio es ese espacio que sirve como elemento material en donde se asienta el pueblo, las instituciones nacionales y en donde se ejercen y proyectan todas las facultades de imperium que posee el Estado sobre aquellos en que 茅l habitan.
Tambi茅n es objeto de adquisici贸n y dominio, y en todo lo que contiene en tanto riquezas o ventajas, del antiguo feudo vecino, del imperio o de la actual potencia hegem贸nica. es por ello que el territorio dentro del Estado tiene otra importante connotaci贸n, como dijimos y es la relativa a la de constituir una zona o espacio en el que se preserve el orden, la paz y la seguridad y que brinde tal sensaci贸n a los ciudadanos, por tanto el conglomerado social exige que ha de se ser supervisado y controlado por los miembros adscritos a las funciones de seguridad y defensa (o la antigua clase guerrera), ante la posible intromisi贸n de extra帽os no deseados, de ej茅rcitos amenazantes. Recientemente esas consideraciones se han hecho intensas a ra铆z de los atentados del 1 I S y los del 11 M, porque los Estados se han volcado a confirmar estrictamente las identidades de las personas que intentan llegar a sus dominios geogr谩ficos y asegurarse de que las intenciones que posean no sean contrarias a la estabilidad o la seguridad nacional.
El problema que se cierne sobre el territorio es que sus fronteras, se han hecho permeables, dado los medios de transporte masivos, que trasladan miles de personas en un d铆a desde los m谩s variados or铆genes, poniendo a las autoridades en el ejercicio de capacidad, coordinaci贸n y uso eficaz de los instrumentos, si desean gestionar ajustadamente la entrada y estancia de las personas en sus territorios.
Otra de las caracter铆sticas que rodean la frontera en los pa铆ses de destinos migratorios, como Espa帽a y los localizados geogr谩ficamente en el Mediterr谩neo, aparte de la permeabilidad, es el aumento en la temeridad en los medios utilizados para franquear los controles en el caso de la inmigraci贸n ilegal que al someterse generalmente a las mafias traficantes de personas, se asumen riesgos que van en aumento proporcionalmente conforme los organismos del Estado tendientes a la vigilancia mejoren su efectividad de control y se doten de m谩s recursos para lograrla.
La permeabilidad en el territorio es la causa por la que se afirma que la soberan铆a se encuentra en devaluaci贸n al demostrar el Estado manifiestas limitaciones en la aplicaci贸n amplia e independiente de sus poderes soberanos, tendientes a administrar con eficacia los complejos problemas que all铆 por motivo de la inmigraci贸n se concentran, y para asimismo gestionar las m煤ltiples tensiones que en esa 谩rea fronteriza se generan.
La frontera se convierte en la fuente de permanente ansiedad gubernamental, al aumentar las exigencias de la opini贸n p煤blica reclamante del deber estatal de imponer su autoridad en conformidad con la normativa legal y restringir la entrada de trabajadores a quienes solamente la cumplan, al limitar y enmarcar la actuaci贸n Estatal hacia lo pol铆tica y medi谩ticamente aprobable justificando constante compatibilidad con los requisitos legales humanitarios exigidos nacional e internacionalmente, y finalmente por lidiar contra el permanente argumento de los partidos pol铆ticos que se encuentran en la oposici贸n4^ que intentan ir minando la credibilidad de las pol铆ticas migratorias del ejecutivo gobernante.
La soberan铆a se califica como disminuida o vulnerada, cuando competencias tan cl谩sicamente arraigadas en el n煤cleo exclusivo del Estado, como es el resguardo territorial con propios medios policiales y/o militares se ha compartido o supranacionalizado sea convencional o forzosamente, es decir ha escapado de la esfera exclusivamente gubernamental y ha aceptado o en su caso solicitado la intervenci贸n de potencia extranjera, dado que Espa帽a se ha convertido por el flujo migratorio en un "threshold to the EU as a destination..., [y en consecuencia] Spanish policy has and important influence on the inmigrants mix in Europe due to Spain鈥瞫 position as a corridor for inmigrants to reach Nothem Europe" .
Por tanto la llamada de atenci贸n a la colaboraci贸n internacional solicitada del gobierno Espa帽ol a los dem谩s socios europeos principalmente por poseer los medios y a los pa铆ses emisores para coordinar las acciones se sustentan, en que al no poder contener lo deseado las masas de inmigrantes en situaci贸n irregular en su territorio (y por consecuencia al de la Uni贸n Europea), las oportunidades de asentamiento en cualquier otro pa铆s se ampl铆an, por la supresi贸n de fronteras y controles interiores que otorga mayores ventajas a la hora de evadir los cuerpos de polic铆a en todo el territorio de la Uni贸n, y por tanto desde las instituciones supranacionales a petici贸n de un pa铆s miembro, se puede ayudar a Espa帽a a "control its borders and no to be the weak southern flank of Forstress Europe" . en respuesta a las solicitudes que en 煤ltima instancia son enfocadas a desarrollar los principios de solidaridad y colaboraci贸n, como el inter茅s los dem谩s miembros europeos.
"Para Espa帽a esto supone una obligaci贸n desmesurada, dado el tr谩nsito constante y creciente de personas en esta frontera sur del continente europeo" y es por ello que los esfuerzos para el manejo efectivo de las fronteras las acciones van siempre orientadas en las dos direcciones principales y sobre los cuales recaen todos los esfuerzos controladores del Estado:
A) La primera de ellas es la encaminada al patrullaje del espacio geogr谩ficamente delimitado por parte de las fuerzas de seguridad del Estado (polic铆a, guardia civil, salvamento mar铆timo, ej茅rcito, etc.) dado que la inmigraci贸n tiene su consumaci贸n fundamentalmente en el cruce y posteriormente establecimiento en otro espacio que pertenece a una jurisdicci贸n distinta del individuo que se traslada.
El gran problema que presentan los pa铆ses de inmigraci贸n masiva con amplio espacio territorial, es que se ven log铆stica y materialmente limitados en su capacidad de supervisi贸n y gesti贸n de sus fronteras, porque los niveles de tr谩nsito de personas son cada vez m谩s elevados y si bien es cierto los controles fronterizos se han mejorado41鈥 y perfeccionado a trav茅s del tiempo, por la dotaci贸n a las autoridades de los instrumentos jur铆dicos las partidas presupuestarias y la actualizaci贸n tecnol贸gica o la cooperaci贸n intergubernamental, los hechos siguen tambi茅n demostrando que la realidad contraviene la de ser querida en los planes dise帽ados.
Basta observar las bolsas crecientes de inmigrantes irregulares emergentes en per铆odos muy breves desde la implementaci贸n de los procesos de "normalizaci贸n" o "regularizaciones". el frecuente arribo de las "pateras" desde 脕frica, o los miles de turistas encubiertos que entran por los aeropuertos, son s铆ntomas claros de esta situaci贸n.
El ejecutivo espa帽ol evidenciando desbordamiento, a ra铆z de las 煤ltimas oleadas de inmigrantes hacia las islas Canarias ha solicitado la implementaci贸n de una acci贸n conjunta para preservar su soberan铆a con otros nueve pa铆ses de la Uni贸n Europea poniendo por primera vez en marcha el plan de la Agencia Europea de Fronteras (FRONTEX) para el patrullaje de los espacios y rutas utilizadas por la inmigraci贸n irregular que penetra desde el sur hasta Europa . Demostrando as铆 el constante incremento presupuestario y dotaci贸n de los dispositivos e instrumentos de vigilancia en desarrollo de una pol铆tica de contenci贸n, con la puesta en escena de la capacidad operativa de cinco helic贸pteros, cinco patrulleras y un avi贸n de reconocimiento comandados en perfecta coordinaci贸n gracias a la m谩s moderna tecnolog铆a de detecci贸n, reconocimiento y comunicaciones. La actividad polic铆aca- militar se hace tambi茅n muy evidente en la valla que separa Marruecos de Espa帽a donde las mejoras consisten en "adding 3 new fences, higher toser of control, more lighting and closed-circuit televisi贸n are further fortifications" .
El reforzamiento continuo del control de las fronteras genera una situaci贸n parad贸jica con desenlaces fatales en muchas ocasiones, porque a medida que el control se intensifica y se hace f茅rreo, las personas que intentan evadirlos optan por rutas y m茅todos que ponen en serio riesgo la integridad f铆sica de las mismas, lo que capta por sus elementos dram谩ticos la atenci贸n de todos los sectores destinados a la protecci贸n y resguardo de vidas humanas. As铆 por ejemplo en el informe ONU de la comisi贸n de derechos cuya relatora defiende la tesis de "el control de fronteras per se no asegura una gesti贸n migratoria ordenada y digna"?: y tambi茅n eleva formalmente ante este organismo internacional esa denuncia moral y por todos conocidas de las consecuencias mortales que tienen los viajes de las embarcaciones clandestinas hacia Europa.
El fortalecimiento del control policial o militar de las fronteras genera el incremento de los precios y condiciones exigidas por parte de las mafias que por negocio tienen el ingreso de extranjeros de manera irregular al territorio, evidentemente por el creciente riesgo a ser descubiertos por las instituciones gubernamentales, haciendo de los inmigrantes un contingente cada vez m谩s vulnerable y dependiente de esas organizaciones delictivas que les han prometido introducirlos en el destino pactado, y que no les "liberaran" hasta que paguen en condiciones de semi esclavitud por las deudas contra铆das por el traslado, que les ser谩n exigibles a las propias v铆ctimas o perfectamente a sus familiares en el pa铆s de origen, evadiendo cualquier jurisdicci贸n o ingerencia del pa铆s receptor.
El esfuerzo de las autoridades para contener los flujos migratorios no s贸lo culmina en alta mar o en los aeropuertos, porque en el momento que han sido eficaces los mecanismos supervisores accionados por parte de las autoridades, los individuos involucrados pueden en la propia frontera al menos te贸ricamente acogerse en presencia de las mismas autoridades o de alguna organizaci贸n humanitaria y enfocados por los medios de comunicaci贸n en el caso del paso del Estrecho, a los reg铆menes legales del derecho internacional de asilo, al estatuto de refugiado o en lo procedente a la propia legislaci贸n de extranjer铆a, que les permitan jur铆dicamente acceder a las medidas de protecci贸n y amparo donde los organismos competentes, tendr谩n por obligaci贸n admitir a tramitaci贸n en caso de ser procedentes los distintos expedientes, para luego en su caso ejecutar las distintas v铆as de repatriaci贸n, devoluci贸n, internaci贸n, etc茅tera a que hubiere lugar.
B) La segunda medida de control de acceso y permanencia en el territorio son los filtros de corte administrativo establecidos en la legislaci贸n de extranjer铆a, y que son llevados a cabo por las oficinas Consulares y Embajadas en representaci贸n de Espa帽a fuera de sus fronteras, que procesan las solicitudes que motivan el viaje hacia el territorio espa帽ol ci帽茅ndolas al cumplimiento de los par谩metros y exigencias burocr谩ticas establecidas normativamente y que hemos estudiado en el cap铆tulo anterior.
Quiere decir que el esfuerzo de control de flujos migratorios se ha desconcentrado ampliamente hasta llegar incluso m谩s all谩 del propio territorio nacional, incidiendo para el acatamiento de la legalidad de los flujos desde el mismo pa铆s de origen. Se procede al examen de los extranjeros seg煤n sean las distintas actividades y status que pretendan ejercer en el pa铆s receptor (estudiantes, trabajadores, turistas), a los cuales cumplidos los tr谩mites administrativos tendientes a verificar la identidad, su buen comportamiento ciudadano, aspectos sanitarios y los naturalmente relacionados con la contrataci贸n y las condiciones del puesto de trabajo, se expiden los correspondientes visados para que al alcanzar el puesto de control fronterizo y puedan finalmente someter a consideraci贸n de los funcionarios de inmigraci贸n y extranjer铆a las distintas pruebas documentales y les sea permitida el ingreso al pa铆s.
La Administraci贸n caso contrario del anterior, trata tambi茅n de compeler o disuadir a quienes ya efectivamente han alcanzado el territorio espa帽ol y est谩n por consiguiente viviendo y trabajando en situaci贸n irregular, para que lo abandonen, al negar la documentaci贸n que acredite ser portador de todos los derechos del r茅gimen de residente y trabajador, a trav茅s de ejercitar las expulsiones (que en la mayor铆a de los casos s贸lo se hace efectiva en la propia frontera, dado que luego en el territorio nacional le es muy dif铆cil a las autoridades por el arduo, gravoso y engorroso proceso de gestionar tales repatriaciones) o emprendiendo fuertes sanciones a los empresarios que contraten mano de obra irregular y que en Espa帽a 茅stas pueden oscilar si es muy grave la infracci贸n contenida en el expediente sancionador entre los 6.001 a 60.000 euros de multa, o simplemente negando el acceso a ciertas prestaciones sociales consideradas b谩sicas para el desenvolvimiento normal de la personalidad.
Tambi茅n se estimula a salir del territorio a trav茅s de programas de retorno voluntario en el cual algunas ONGs con dotaci贸n presupuestaria gubernamental financian el regreso de los inmigrantes y sus familias sufrag谩ndoles los gastos del viaje y proporcion谩ndoles adem谩s una modesta dotaci贸n econ贸mica monetaria, con la promesa de no ser sancionados con prohibici贸n de entrada a Espa帽a (y al espacio Schengen) y con la posibilidad de regreso siempre y cuando cumpla los requisitos establecidos.
Son medidas que tratan de doblegar toda resistencia a un establecimiento permanente y al margen de la ley, que no han estado exentas de las debidas pol茅micas, cr铆ticas y constantes denuncias desde los m煤ltiples sectores de la vida nacional, y donde los 茅xitos logrados para contrarrestarla no son esperanzadores. Es muy dif铆cil desmoronar una consolidada estructura de m茅todos y pr谩cticas administrativas de coerci贸n, a menos que se realice de fondo una reforma legislativa tanto sustantiva como adjetiva. La dial茅ctica y las relaciones no pueden establecerse en t茅rminos de una lucha y tensi贸n constante, con obvio desequilibrio entre las partes, que enfrentadas, pretenden por un lado y con todo los medios del aparato institucional exigir la b煤squeda del acatamiento a la norma e intereses del Estado, y por el otro el reconocimiento legal y moral de la aportaci贸n de la inmigraci贸n como fuente que ayuda a un progreso deseado por todos.
De all铆 el rol de las sociedades de acogida como las fuertes de la relaci贸n, han de iniciar la andadura hacia la madurez y auto impulsar el cambio de esos patrones sociol贸gicos y pol铆ticos para demandar ante sus autoridades gobernantes el cambio de paradigma para enfrentar los flujos migratorios no como un problema que ha de ser resuelto con la formula de la restricci贸n, sino como la oportunidad para transformar las fuertes causas que arraigan e impulsan las di谩sporas globales como consecuencia de las desigualdades entre los pueblos, la inestabilidad ambiental, o los conflictos armados.
3.-La Nacionalidad y/o la ciudadan铆a
La nacionalidad como ese v铆nculo jur铆dico - pol铆tico que une a la persona con una Naci贸n, y bajo el cual el Estado es garante a su titular de todas las prerrogativas y garant铆as que emanan del orden jur铆dico, a cambio de la lealtad al orden preestablecido por parte de los nacionales, es as铆 una de las instituciones del derecho p煤blico m谩s estrat茅gicas para cualquier Estado, en donde la titularidad al individuo le deviene a raz贸n de nacimiento en el suelo, a la herencia de sangre o a la concesi贸n por acto administrativo, creando no menos que esa uni贸n que conlleva a individualizarse tanto al ciudadano como al Estado como aut茅nticos detentadores rec铆procos de derechos y obligaciones.
Tradicionalmente la condici贸n de nacional se distingui贸 respecto del status de extranjero, porque implic贸 que por membres铆a a la comunidad pol铆tica, se est谩 en la facultad de exigibilidad al Estado de los privilegios que comporta tal condici贸n: como por ejemplo el acceso a la justicia, a la salud o la educaci贸n, etc. como inversamente la facultad del Estado de imponer la asunci贸n de obligaciones como la cl谩sica defensa nacional o la tributaci贸n en forma de contribuci贸n solidaria al gasto p煤blico.
La ciudadan铆a tiene por objeto identificar a los sujetos como pertenecientes a un mismo ente pol铆tico territorial cuya misi贸n se soporta tambi茅n en legitimar la demostraci贸n del conglomerado como portadores de lealtades compartidas, comunes valores y cultura, al mismo tiempo que entrelaza afinidades de protagonismo de la construcci贸n hist贸rica, y arquitectos de las estructuras institucionales y normativas, a las que se presume se ha auto sometido convencionalmente por medio del pacto social y desde el cual a su vez han fijado los criterios por los que se incluye a aquellos como los detentadores de la misma condici贸n.
Para quienes no son definidos como parte del colectivo nacional, se han desarrollado en las sociedades receptoras diferentes categor铆as de casi ciudadan铆as en las cuales encontramos desde los asilados, refugiados, inmigrantes laborales, y extranjeros en situaci贸n irregular, como categor铆as legales sobre las que pivotar谩n las relaciones de deberes y derechos de estos con la jurisdicci贸n de Estado y viceversa.
Por ello la nacionalidad no opera solamente como un elemento vinculante del individuo hacia una comunidad pol铆tica determinada, sino corresponde a un efectivo mecanismo de inclusi贸n o exclusi贸n hacia la pertenencia plena del Estado, donde estos seg煤n sus intereses podr谩n adoptar los criterios que m谩s favorezcan al desarrollo de las pol铆ticas de extranjer铆a y nacionalidad.
"Algunos pa铆ses dificultan en alto grado que los inmigrantes se conviertan en ciudadanos, mientras que otros otorgan la ciudadan铆a cambio de la asimilaci贸n cultural, y un tercer grupo posibilita que los inmigrantes se
vuelvan ciudadanos al tiempo que conservan sus identidades culturales espec铆ficas" .
Por ejemplo el otorgamiento de la nacionalidad Espa帽ola puede decirse que es favorecedor o incluyente al menos formalmente para el caso de los iberoamericanos ya que 茅sta se puede solicitar bajo el supuesto de la residencia legal y continuada de dos a帽os ( ya que para el resto de los extranjeros es de diez a帽os), dado el origen de estos ciudadanos cuyos pa铆ses mantienen fuertes e innegables lazos hist贸ricos con Espa帽a, lengua com煤n misma religi贸n, que podr铆a suponer en principio una m谩s r谩pida integraci贸n social. Tambi茅n motivado por el respeto espa帽ol al principio de reciprocidad que igualmente ejercen por su parte los pa铆ses latinoamericanos de conceder la nacionalidad incluso con supuestos legales preferentes de rango Constitucional5"1 a los Espa帽oles que residan y manifiesten su voluntad de acceder a esa determinada nacionalidad, sin inclusive tener que hacer renuncia de la nacionalidad originaria.
Algunos autores como Jacobson ( 1997:125) o Sassen (2001:103) afirman que los inmigrantes son cada vez m谩s indiferentes a obtenerla por considerar que la residencia legal pr谩cticamente homologa en sus aspiraciones y respecto del nacional en cuanto al trato jur铆dico recibido del Estado. Esto a nuestro entender es una verdad parcial, empezando porque es una afirmaci贸n general y hay que atender al Estado en particular y revisar las condiciones de otorgamiento de la ciudadan铆a y las ventajas que comportan obtenerla o no. analizando la normativa jur铆dica en conjunto.
Si adem谩s tomanos comparatativamente las tendencias actuales en los pa铆ses receptores de inmigraci贸n veremos que "the changes include the French immigration and citizenship laws of 1993. proposition of the State of California, 1996 U.S. legislation o immigration and citizenship. Indeed. this recent legislation seems to ind铆cate a reassertion of national sovereignty and, particular, a renewed recognition of the importance of citizenship"^. las perspectivas parecen sombr铆as para que se genere una suficiente invocaci贸n de las normas universales de los derechos humanos como legislaci贸n preferente y eficaz sobre el derecho interno y la autoridad soberana del Estado a establecerlas. Los progresos en la aplicaci贸n y eficacia de la legislaci贸n internacional de los derechos humanos son insuficientes como para considerarse que los inmigrantes no desean acceder a la ciudadan铆a por igualdad de trato.
Si efectivamente existiera una creciente y clara equiparaci贸n de derechos entre el nacional y el extranjero residente por motivo de un ejercicio efectivo por la universalizaci贸n de los derechos humanos los Estados ser铆an m谩s laxos en las condiciones de otorgar la nacionalidad o ciudadan铆a dado que su derecho interno habr铆a tenido que ceder al sistema internacional reinante y no constituir铆a para el Estado y sus destinatarios el privilegio de ser nacional o no.
El status de residente en el caso de Espa帽a, constitucionalmente seg煤n el Art铆culo 13.1 equipara a los espa帽oles con los extranjeros s贸lo " en los t茅rminos que establezcan los tratados y la ley" es decir, no iguala lato sensu en los derechos con los espa帽oles, dado que existen muchas restricciones jur铆dicas vinculadas a tal condici贸n (sin ni siquiera hablar de los inmigrantes en condici贸n irregular), como respecto a la inestabilidad jur铆dica que de las autorizaciones de residencia y trabajo de corta duraci贸n se desprenden, las restricciones que ci帽en las actividades laborales por cuenta ajena a ciertos sectores y 谩mbitos territoriales, la falta de participaci贸n pol铆tica en cuanto al acceso a ciertas magistraturas de representaci贸n
55 Grosby. Stevcn (1997): The Decline of the Nation State?, Sociological l;orum. Vol 12. N掳 2. p谩g 332.
cuya exclusividad es dedicada a los nacionales por nacimiento, el ejercicio de actividades laborales cuya v铆a de acceso por concurso exige el requisito de la nacionalidad, o los inacabables tr谩mites burocr谩ticos que al desprenderse de las materias de extranjer铆a se vuelven m谩s engorrosos y lentos al conexionar las jurisdicciones de dos o m谩s pa铆ses, y que los extranjeros en sus solicitudes ante los 贸rganos administrativos del pa铆s receptor deben cumplir con constantes peticiones de certificaciones, declaraciones, y reconocimientos de situaciones jur铆dicas, etc茅tera a ser concedidas previamente por las autoridades de los pa铆ses de origen.
Los inmigrantes no acceden a solicitar lo m谩s brevemente posible la nacionalidad porque para empezar son solicitudes que se dejan a la absoluta facultad discrecional del Estado y contra cuyas resoluciones no cabe recurso alguno, donde las condiciones previas a la solicitud se consolidan con transcurso del tiempo que como regla general en Espa帽a exige diez a帽os de residencia legal (que podr铆a extenderse en el tiempo si preceden los comunes per铆odos de situaci贸n irregular), es un harto margen de espera donde los latinoamericanos est谩n favorecidos al ser menor el plazo para ellos (m铆nimo dos a帽os de residencia) y en consecuencia encabezan las estad铆sticas en la adquisici贸n de la nacionalidad espa帽ola como lo demuestra el Anuario de Inmigraci贸n6 cuando constituyen 24.264 nuevos espa帽oles, frente a los africanos que son 9.991, o los europeos comunitarios que apenas son 1.163.
Hay pa铆ses que ya han empezado a endurecer las condiciones de acceso a la ciudadan铆a incrementando en complejidad los requisitos como son la presentaci贸n de ex谩menes donde se demuestran los niveles de integraci贸n que posee el solicitante como en el caso del Reino Unido donde el "test" exige demostrar la lealtad a lo brit谩nico, en formularios de preguntas respecto de la cultura, idiosincrasia, historia, estilos de vida de quienes pretenden ser subditos a la Corona Inglesa, igualmente Alemania ha introducido parecidas exanimaciones, y en Espa帽a probablemente en un futuro tambi茅n se requerir谩 del solicitante confirmar su espa帽olidad de la cual se pretende ser portador.
Ministerio del Trabajo y Asuntos Sociales. Secretaria de Estado de Inmigraci贸n y Emigraci贸n. Observatorio Permanente de la Inmigraci贸n (2004): Anuario Estad铆stico de Inmigraci贸n 2004. En http:/A\vv.mari.es , p谩g 564.
Lo que m谩s parece estar minando el estatus de ciudadano por el acceso m谩s directo que a esa condici贸n se tiene, es el matrimonio de extranjeros con nativos, derecho que al nacional no se le puede restringir 鈥 tan f谩cilmente como se le hace al extranjeros en otras esferas jur铆dicas. Las cifras de matrimonios mixtos que se celebran en Espa帽a va en aumento que contando adem谩s con los natalicios devenidos de esas uniones, surgir谩n para el Estado individuos susceptibles despu茅s de un a帽o de relaci贸n conyugal, el derecho a reclamar sin oposici贸n alguna el reconocimiento jur铆dico que se otorga por la concesi贸n de la nacionalidad por efecto del matrimonio.
Como las legislaciones de inmigraci贸n y extranjer铆a, a ra铆z de la p茅rdida de la independencia soberana en el proceso de elaboraci贸n de las leyes que han experimentados los Estados - Naci贸n, ya sea porque sus legisladores est谩n sometidos a las presiones de los sindicatos, empresarios , minor铆as y organizaciones y organizaciones no gubernamentales, o simplemente porque se han trasladado esas competencias a entidades supranacionales, es entonces por lo que la nacionalidad y/o ciudadan铆a se ha transformado en uno de los 煤ltimos bastiones desde donde los Estados ejercen sus facultades de exclusi贸n y que siguen por tanto reticentes en abandonar. Recordemos que de las competencias compartidas entre la Uni贸n Europea y sus pa铆ses miembros, la nacionalidad ha sido reservada como exclusiva del Estado, por la sensibilidad que le implica, y se ha convertido en opini贸n de Ferrajoli (1996:178): "en el 煤ltimo privilegio personal, el 煤ltimo factor de discriminaci贸n y la 煤ltima reliquia premoderna de las diferenciaciones por status; como tal, se opone la aclamada universalidad e igualdad de los derechos humanos".
La casi igualdad del extranjero frente al ciudadano o nacional es una l贸gica demanda de estos colectivos, pero su dimensi贸n no se limita a una situaci贸n meramente de derecho, sino que ese reconocimiento legal- administrativo que ha sido reticente en conceder desde el principio, tambi茅n reclama una atenci贸n moral que igualmente ha estado ausente, ya que los derechos a los inmigrantes devienen
57 "No se le puede restringir tan f谩cilmente" afirmamos, porque el ejercicio de este derecho ha empezado a ser objeto de control no sin resistencias de los contrayentes, ya que los jueces, fiscales y funcionarios en materia de derecho civil, han empezado a ejercer funciones de investigaci贸n y supervisi贸n de los procedimientos para enlaces conjugales, con el fin de evitar que uno de los futuros c贸nyuges utilice esta v铆a en fraude a la ley para conseguir la normalidad o regulaci贸n administrativa o el enriquecimiento il铆cito.
al final de unos procesos dentro de los que han debido soportar y superar tanto la exclusi贸n como la marginaci贸n social, a la vista indiferente de las legislaciones y las pr谩cticas administrativas de los pa铆ses receptores. Para Zamora (150) "se persigue primero a los que luego se desea integrar", y parad贸jicamente podr铆amos a帽adir, a quienes finalmente han de pertenecer a la misma comunidad pol铆tica.
Esas cuasi equiparaciones contenidas en el derecho que han creado m煤ltiples status paralelos al de ciudadan铆a o en palabras de Salas (2002:144) "estratificaciones c铆vicas" se empezaron a configurar desde final de la segunda guerra mundial al considerar la inmigraci贸n como una mano de obra pasajera mas no permanente, y se bas贸 en la dotaci贸n progresiva de derechos seg煤n fueron transcurriendo los eventos, con la finalidad de que los extranjeros poseyeran las necesarias concesiones para poder cumplir con las tareas laborales encomendadas en los pa铆ses de acogida.
Se parti贸 de la presunci贸n de que la mano de obra for谩nea ir铆a de regreso a sus correspondiente pa铆ses de origen y por ello se permiti贸 a los extranjeros residenciados en sus correspondientes territorios cierta participaci贸n pol铆tica a trav茅s del voto (al menos a nivel municipal), el acceso a las prestaciones sociales de salud, educaci贸n y vivienda, a la tutela judicial efectiva, as铆 como tambi茅n al cumplimiento de las obligaciones tributarias, de las normas c铆vicas, etc.
La evoluci贸n, proyecci贸n y acogida cada vez m谩s universal de los reg铆menes jur铆dicos d e derechos humanos, plantea dentro de las democracias liberales, la ciudadan铆a como condici贸n para el otorgamiento de privilegios jur铆dicos y que antes fueron prerrogativas s贸lo de los ciudadanos sea un status en constante devaluaci贸n en la opini贸n de algunos autores, en tanto que compite con un conjunto de derechos que van equiparando al extranjero frente al nacional en cualquier jurisdicci贸n por ser ambos destinatarios de los mismos reconocimientos.
En la mayor铆a de estos pa铆ses occidentales, los inmigrantes con r茅gimen de residentes gozan al menos estatutariamente de las mismas garant铆as que el nacional a煤n no teniendo ni lengua, origen, historia o participaci贸n en el pacto social, u otros elementos de inclusi贸n que puedan compartir con los nativos de la naci贸n receptora. Se presentan adem谩s te贸ricamente en capacidad de reclamar al Estado la observaci贸n de m铆nimos principios humanitarios, y que dentro de la comunidad internacional presiona a una Naci贸n concernida en presentarse siempre como un garante de los derechos humanos, y que por supuesto no desea que se le tilde como contraventor de los mismos.
La adopci贸n de "los derechos en cuesti贸n fueron proclamados universales cuando la distinci贸n entre hombre y ciudadano no creaba ning煤n problema, al ser improbable e impredecible que los hombres y mujeres del tercer mundo llegaran a Europa y que estas declaraciones de principios fueran tomadas literalmente" Ferrajoli (1996:176). entonces los actuales pa铆ses comprometidos no podr铆an ahora retroceder en lo abanderados que hab铆an sido hasta el momento en la protecci贸n, proclamaci贸n construcci贸n y exportaci贸n de innegables principios y las garant铆as^ que le devienen al individuo por el mero de serlo, indistintamente del status que ostente frente al Estado donde tenga fijado su residencia.
Postura muy aclamada y extendida en los pa铆ses occidentales autodefinidos como dem贸cratas y que hoy por fortuna en casi todo el mundo al menos se han incluido formalmente como principios rectores para la vida social y de los l铆mites de las instituciones de los Estados frente a los ciudadanos, con las m谩s amplias garant铆as al individuo promovidas desde ese proceso mundial que ha reafirmado la universalizaci贸n de los derechos del hombre. Muchos de los Estados, han sido signatarios y ratificadores en sus correspondientes derechos internos de las Convenciones. Declaraciones, y Tratados Internacionales de protecci贸n al individuo, pero el problema radica, en que la praxis obliga al analista a contrastar entre las nobles, bien intencionadas declaraciones legales y pol铆ticas, y su correspondencia o no, con la realidad que a veces se impone como un argumento que pone en tela de juicio la validez de los gestos anteriores.
Hasta ahora durante el desarrollo de la presente investigaci贸n hemos estado afirmado el desgaste de la noci贸n de soberan铆a en los distintos elementos sobre el cual el Estado la ejerce, como el territorio, la facultad legislativa aut贸noma del Estado, etc. Pero al arribar al punto de la ciudadan铆a como condici贸n al acceso de los derechos que se desprenden como perteneciente a la comunidad pol铆tica de un
La Uni贸n Europea en su Proyecto de Tratado de Constituci贸n op.cit.. p谩g 9-10. en su Art铆culo 2 asienta como Valores de la Uni贸n: "el respeto a la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad. Estado de Derecho y respeto a los derechos humanos".... [y en el Articulo 3.4] "En sus relaciones con el resto del mundo la Uni贸n
afirmar谩 y promover谩 sus valores e intereses. Contribuir谩 a la paz. seguridad la erradicaci贸n de la pobreza y
la protecci贸n de los derechos humanos".
Estado- Naci贸n debemos insertarnos en el debate que L贸pez (2004:141) destaca como existente dentro de la comunidad cient铆fica, donde hay autores que "enfatizan la continuidad del poder del Estado a trav茅s de las pol铆ticas migratorias, otras posturas consideran la inmigraci贸n y los derechos que disfrutan..., como la manifestaci贸n de un nuevo globalismo cosmopolita" [debate seg煤n la autora se centra a ra铆z de la obra de Yasemin Soysal donde "los derechos humanos sustituyen a los derechos nacionales y el hombre trasciende al individuo"] doctrina adem谩s que seg煤n L贸pez (2004 141) "ha sido percibida como una fuente de devaluaci贸n de la autonom铆a nacional" y por tanto una correspondiente vulneraci贸n a la soberan铆a del Estado Naci贸n.
Pues es en este punto, donde los eventos reales con motivo de la inmigraci贸n en los pa铆ses receptores, nos fuerzan a un cambio de opini贸n y nos obliga tambi茅n en punto tan relevante a justificarnos dial茅cticamente para poder entrar en debate fijando asimismo postura de opini贸n. Reconocemos por tanto, que es innegable el avance y la pretensi贸n de desarrollo que existe en la configuraci贸n de un r茅gimen s贸lido, vinculante y estrictamente exigible de normas jur铆dicas internacionales de protecci贸n al ser humano, que supere las distinciones legales que puedan vulnerar al inmigrante por el estatus que le adjudique la administraci贸n del Estado receptor, empero ello no significa que las circunstancias reales concuerdan con lo deducible del noble esp铆ritu contenido en la letra de esos instrumentos y doctrinas jur铆dicas y se afirme te贸ricamente que la soberan铆a del Estado en materia de ciudadan铆a se vea solapada por la codificaci贸n de un derecho internacional humanitario.
Los Estados - Naci贸n pueden ejercer amplias facultades restrictivas y sancionadoras como v铆a de control de la circulaci贸n de las personas y m谩s sobre aquellas que no cumplen con las unilaterales exigencias normativas impuestas por el pa铆s de acogida, no siendo a tales fines obst谩culo infranqueable las leyes internacionales. El reconocimiento y efectiva pr谩ctica de las garant铆as de derechos humanos inscritos en los distintos instrumentos nacionales e internacionales se convierten lamentablemente y en muchos casos en legislaciones con poco alcance, s贸lo reclamables por aquellos individuos o grupos que s铆 tienen la posibilidad efectiva de acci贸n ante los 贸rganos competentes, donde los inmigrantes en situaci贸n irregular como colectivo a priori inexistente para la Administraci贸n, poco pueden demandar exigencias en jurisdicciones en las que por regla no deber铆an estar, sea por temor, por exclusi贸n u otro tipo de impedimentos.
Si partimos de las denuncias50 de serios actores internacionales como la Comisi贸n de Derechos Humanos de la ONU (citada anteriormente) por poner de muestra el bot贸n, constatamos la inobservancia o violaci贸n (sea involuntaria o no) que se alcanza en la aplicaci贸n del propio derecho interno vinculante y exigible a los propios 贸rganos del Estado el cual a su vez motus proprius es qui茅n las ha elaborado y promulgado (limitando derechos considerados elementales: como el trabajo. la sindicaci贸n, la reunificaci贸n familiar, la tutela judicial efectiva gratuita) inclusive ante el potencial reproche por v铆a judicial de sus propias instituciones de control (judicatura o Defensor铆a del Pueblo), mucho menos concuerda con la realidad pretendida que emana el esfuerzo internacional en materia de protecci贸n de derechos humanos, porque en caso de vincular al Estado ratificador. se constituye en una legislaci贸n a ser observada por buena fe. sencillamente porque no existe un agente, actor o instituci贸n lo suficientemente coactivo como para asegurar el cumplimiento de la norma jur铆dica, y en caso de violaci贸n a la misma para sancionar su contravenci贸n.
Estamos en este estadio, dentro de los cl谩sicos debates paradigm谩ticos que se plantean en la disciplina cient铆fica de las relaciones internacionales reconocible perfectamente en el argumento migratorio, y es aquel que recordamos ata帽e al an谩lisis del sistema internacional en t茅rminos de ser o deber ser, debate paradigm谩tico entre realismo o idealismo y utop铆a. Para nuestro entender termina por sucumbir el ideal vinculado al fen贸meno de la inmigraci贸n, por los poco perceptibles c贸digos de derechos humanos universales en aquellas zonas, donde esta din谩mica humana se de con intensidad.
Si adem谩s los Estados receptores han calificado la inmigraci贸n como un problema objeto de "segurization", no podemos de ninguna manera ser optimistas y aprobatorios con las posturas te贸ricas contenidas en las tesis de Soysal. Saseen,
" Como las contenidas en Pizarro op. cit., p谩g 2. que dice: "la relatora especial [ de la comisi贸n de Derechos Humanos de la ONU] not贸 una situaci贸n de desconocimiento de las garant铆as y derechos que la ley atribuye y reconoce a los inmigrantes, que pueden resultar en caso de decisiones arbitrarias y eventuales violaciones de los derechos humanos. F.n particular en el contexto de la interceptaci贸n, devoluci贸n, expulsi贸n c intemamiento. a menudo los inmigrantes enfrentan el riesgo de indefensi贸n frente a los posibles abusos y violaciones debido a la ausencia o insuficiencia de la asistencia letrada".
Jacobson, Jopke, etc, que va en contra de la triste fuerza de los reales acontecimientos, y que los medios de comunicaci贸n en tr谩gicas noticias todos los d铆as nos recuerdan el valor que la vida tiene en los "l铆mites del vecindario".
Otro de los argumentos en contra a la opini贸n de los estudiosos, es el relativo al efecto jur铆dico de los Convenios o Tratados internacionales鈥测0 que s贸lo son vinculantes en los Estados firmantes cuando han sido sometidos a los procedimientos de ratificaci贸n e incorporaci贸n al derecho interno, y si bien a nivel nacional dise帽an pol铆ticas y legislaciones restrictivas es porque precisamente poco inter茅s tienen en reconocer o ratificar el alcance y efectos del contenido material sobre sus instituciones de la legislaci贸n internacional en la materia, caso patente de esta situaci贸n es que si bien "Espa帽a ha ratificado todos los principales instrumentos internacionales de derechos humanos a excepci贸n de la Convenci贸n internacional sobre la protecci贸n de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares鈥"鈥测1.
Han contribuido mucho a la consolidaci贸n de este r茅gimen universal de derechos humanos, los funcionarios adscritos a la tarea jurisdiccional , en tanto realizan interpretaciones del derecho interno de aplicaci贸n al caso concreto, a la luz y la dimensi贸n de esos principios e instrumentos jur铆dicos internacionales, comprometi茅ndose aquellos con creciente inter茅s en continuar expandiendo la labor fiscalizadora, tanto como el desarrollo doctrinal y jurisprudencial dedicado hacia el efectivo respeto de las garant铆as del individuo frente al poder del Estado, configur谩ndose en fuertes mecanismos controladores de la actividad legislativa y ejecutiva del Estado, en aquellas 谩reas que puedan afectar las garant铆as m铆nimas de los inmigrantes contenidas en los reconocidos los Convenios y Tratados internacionales suscritos. Es lo que define Jacobson (1997:129) como " the growing ability f del aparato judicial de los Estados] in many parts of the vvorld, particulary in Europe..., to avoid legislative acts when they [ los parlamentos como "branches" del gobierno] have been deemed to vi贸late constitucional norms".
60 Seg煤n el Articulo 10.2 de la Constituci贸n Espa帽ola de 1978 " las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constituci贸n reconoce se interpretar谩n de conformidad con la declaraci贸n de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las materias ratificadas por Espa帽a". " Pizarro op. cit.. p谩g 7.
En la dotaci贸n de derechos vinculados a la ciudadan铆a y a la categor铆a de extranjero por regulaci贸n normativa, como mecanismos de inclusi贸n - exclusi贸n, el Estado constituido como el fuerte de la relaci贸n respeto del colectivo inmigrante, establece ciertamente el r茅gimen acorde a sus intereses, pero tambi茅n se ve inserto aunque tenuemente en esa din谩mica generada por las tensiones entre exigencias tan antag贸nicas de reconocimiento e igualdad por un lado, y restricciones y sanciones por el otro.
El Estado ha experimentado ciertos retrocesos aunque no en la amplitud como para verse menoscabado en su poder soberano para definir las garant铆as que han de gozar los extranjeros y sus nativos en el territorio, s贸lo y a raz贸n de la universalidad de los derechos humanos, sin embargo para apalear cada vez m谩s la situaci贸n, hoy las fuerzas sociales internas y externas a la Naci贸n parecen m谩s concernidas en aunar los esfuerzos para reducir la brecha que separa las pretensiones ideales de los te贸ricos y legisladores, y la que se impone por la fuerza de los hechos.
4.- El r茅gimen sancionador
Los 贸rganos e instituciones del Estado Espa帽ol encargados del cumplimiento de las sanciones en materia de extranjer铆a, que tienden b谩sicamente a instruir, sustanciar, decidir y ejecutar expulsiones, retornos, internamientos, detenciones, deben por principios de rango Constitucional, estar supeditados en sus cometidos a las normas y procedimientos establecidos en la ley.
Por tanto al ser el propio Estado el poseedor exclusivo de esta facultad sancionadora, brinda al mismo tiempo los mecanismos de autocontrol y las instituciones de supervisi贸n, vigilancia y fiscalizaci贸n (La Fiscal铆a, el Defensor del Pueblo), para inducir a los entes encargados de las ejecuciones relativas al r茅gimen sancionador al acatamiento de las garant铆as establecidas.
Sin embargo esa intervenci贸n para ta protecci贸n de los inmigrantes sujetos de los procedimientos sancionadores en materia de extranjer铆a e inmigraci贸n, ya no est谩 fiscalizada 煤nicamente por los 贸rganos gubernamentales formales, sino por otras instituciones o entes tanto nacionales como internacionales que no teniendo en la mayor铆a de los casos la investidura de instituci贸n oficial con poderes decisorios o sancionadores tanto en el derecho interno como en el internacional, s铆 pueden reclamar 茅ticamente o legalmente al Estado Espa帽ol el trato digno y humanitario, al denunciar aquellos casos en que las lesiones a los derechos humanos puedan estar fundados en abusos o pr谩cticas al margen de la ley.
La denuncia legal y la colocaci贸n en la palestra medi谩tica, son las herramientas m谩s 煤tiles de las que disponen las ONGs. los sindicatos y minor铆as organizadas, para contrarrestar e influir en la autoridad soberana del Estado y conseguir las modificaciones en la legislaci贸n tendiente a la aplicaci贸n en la ejecuci贸n de los procedimientos sancionadores.
Ning煤n pa铆s lo hemos afirmando, quiere por tanto presentarse avergonzado ante la comunidad internacional como un no garante de los derecho humanos, m谩s todav铆a si es uno de ellos que enarbolan constantemente ret贸ricas humanistas. Es all铆 otro de los puntos d茅biles de la soberan铆a Estatal, porque la no intromisi贸n que supone esta facultad, en muchos casos se observa flaqueada ante el juicio pol铆tico y moral emprendido desde los dem谩s actores de derecho internacional, que es susceptible de configurarse en propuestas de veto o sanci贸n a ese Estado infractor. As铆 por ejemplo fue el recrudecimiento de las oleadas de inmigrantes tratando de saltar la valla de protecci贸n que divide Marruecos de Espa帽a en Ceuta y Melilla donde la muerte de algunos inmigrantes envueltos en circunstancias extra帽as, hicieron saltar las alarmas de las organizaciones humanitarias para que 茅stas apuntaran a ambos gobiernos como los responsables del resguardo de esa zona fronteriza y de la integridad de las personas que por all铆 transitan.
M谩s fuerte todav铆a fue el eco internacional que alcanzo la "repatriaci贸n" de inmigrantes sin documentaci贸n abandonados en pleno desierto africano sin ni siquiera con los m铆nimos abastecimientos de agua y alimentos para poder sobrevivir en semejantes condiciones extremas, las acusaciones alcanzaron tanto a Espa帽a como a Marruecos que despu茅s asumieron el cambio de postura, hacia una ejecuci贸n de sanciones de forma menos irresponsable . todo gracias al esfuerzo de agentes trasnacionales que velan para el cumplimiento del m铆nimo respeto de los derechos humanos y que colocan en im谩genes al mundo entero las situaciones de esta naturaleza.
En Espa帽a muchas ONGs han crecido proporcionalmente a medida que el fen贸meno de la inmigraci贸n se ha hecho m谩s complejo e intenso. Desempe帽an funciones de protecci贸n y tutela como ofrecer alojamiento temporal, asistencia jur铆dica gratuita, programas de ense帽anza del idioma espa帽ol, bolsas de trabajo por mencionar algunas, generando 煤tiles beneficios sociales en la medida de sus capacidades a 茅stas minor铆as. Pero tambi茅n mantienen interesantes acciones de presi贸n y denuncia a pie de playa o a puerta de oficina conjuntamente con los medios de comunicaci贸n, para hacer p煤blicos los susceptibles abusos o pr谩cticas extra jur铆dicas por parte de algunas autoridades, estimulando adem谩s intensos debates pol铆ticos y sociales.
Actores internacionales tan preponderantes como la ONU que a trav茅s de su comisi贸n de Derechos Humanos est谩n siempre muy atentos en los asuntos que ata帽en a la gesti贸n de situaciones que involucran seres humanos. En el caso de Espa帽a es digno de menci贸n el informe confeccionado por la relatora especial de este organismo Sra. Gabriela Rodr铆guez Pizarra cuyo trabajo sobre el propio campo elev贸 p煤blicamente y ante la comunidad internacional, las impresiones recogidas de la situaci贸n de la inmigraci贸n en Espa帽a, dado el trabajo de recopilaci贸n de informaci贸n que tuvo como fuente a todos los sectores involucrados, desde elevadas instancias gubernamentales hasta los propios extranjeros en situaci贸n irregular. Se expusieron en las conclusiones arribadas, debidas observaciones, cr铆ticas y recomendaciones para mejorar la situaci贸n, convirti茅ndose el documento en otro m谩s de los claros ejemplos de c贸mo actores al margen del poder soberano estatal tienen la capacidad de supervisi贸n y de publicidad ante todo el orbe, sobre las pol铆ticas que los Estados aplican en distintas materias donde la extranjer铆a no es excepci贸n, promoviendo sobre todo un cambio de las tendencias vigentes.

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Documento perteneciente a Luis Ernesto Flores. Licenciado en Derecho. M谩ster en Derecho de la Uni贸n Europea y Diploma de Estudios Avanzados por la Universidad Complutense de Madrid.
Director de despachoextranjeros.com en http://www.despachoextranjeros.com

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